NI PRESCRIPCIÓN NI IMPUNIDAD
«Los crímenes de lesa humanidad no están sujetos a prescripción alguna. (…) Las amnistías para los delitos que supongan una violación grave de los Derechos Humanos son incompatibles con el Pacto [Internacional de Derechos Políticos y Civiles de 1966]».
No lo digo yo. No es la consigna revanchista coreada en ningún aquelarre guerracivilista. No son las palabras de ningún titiritero nostálgico ni de ningún comisario político prosoviético de tendencias totalitarias. El texto entrecomillado corresponde nada menos que a las conclusiones del Comité de Derechos Humanos de la ONU en el Informe1 de su 94 sesión (Ginebra, octubre de 2008). Y no lo dice a título general, sino refiriéndose específicamente al Estado español. En dicho informe, el órgano de Naciones Unidas encargado de velar por el respeto a los Derechos Humanos manifiesta su «preocupación por el mantenimiento en vigor de la Ley de Amnistía de 1977».
A este respecto, el Comité recuerda a España «la obligación jurídica general impuesta a todos los estados adscritos al Pacto» (firmado y ratificado por el Gobierno de Suárez pocos meses antes de promulgarse la Ley de Amnistía), y termina recomendando que nuestro país «debería:
a) considerar la derogación de la Ley de amnistía de 1977;
b) tomar las medidas legislativas necesarias para garantizar que los tribunales nacionales reconocen la no aplicabilidad de la prescripción para los crímenes de lesa humanidad;
c) considerar la creación de una comisión de expertos independientes encargada de establecer la verdad histórica acerca de las violaciones de los Derechos Humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura; y
d) permitir que las familias exhumen e identifiquen los cuerpos de las víctimas y, en su caso, indemnizarlas».
Estas recomendaciones, claras, concretas y recientes, de la ONU, no se han seguido; al menos, no con la contundencia y los medios necesarios. La desidia y la falta de coraje de nuestro Gobierno y nuestros legisladores, que una vez más han preferido trasladarle el marrón al Poder Judicial, nos han conducido al esperpento actual protagonizado por el Tribunal Supremo. La inevitable repercusión internacional de la causa contra Garzón ha provocado que las democracias occidentales tuerzan el gesto al comprobar cómo el único juez que ha tenido arrestos para actuar conforme al Derecho Internacional es el primero en sentarse en el banquillo de los acusados. Además, para bochorno de todos los españoles y consternación del mundo entero, esta aberración jurídica ha colocado a las familias de las víctimas en la dolorosa obligación de recurrir a un tribunal extranjero para buscar Justicia (precisamente a Argentina, uno de los países a los que el juez ahora encausado ayudó a procesar a sus genocidas).
Puertas adentro, los medios conservadores nacionales han puesto el grito en el cielo, como era de esperar. El excelente collage elaborado por Jose María Izquierdo resume perfectamente el ansia feroz con que los voceros de la derecha más casposa han cerrado sus mandíbulas sobre tan suculento bocado. Aún falta la opinión de la Iglesia, pero llegará, a buen seguro. Las banderas de la Constitución del 78 han vuelto a ondear, esta vez con viento de poniente. (Parece mentira, con lo que les costó a muchos tragar el Título VIII.) Ahora resulta que contra el “rencor” y el “afán de revancha de los que perdieron la Guerra”, solo cabe responder con la “sensatez” y el “espíritu conciliador” de los nuevos demócratas, reciclados de las “cenizas” del antiguo régimen. Como Alicia, hemos atravesado el espejo: ahora la enseña inconstitucional ya no es la del aguilucho, sino la tricolor; las detractoras de la democracia no son ya las legiones falangistas, sino las hordas izquierdistas; los defensores de las libertades son ahora los que entonces las temían o aborrecían; la entonces ansiada amnistía no sirve ya para sacar de la cárcel a sindicalistas y antifranquistas, sino para perpetuar la impunidad de los genocidas; la nostalgia ya no es de derechas, sino de izquierdas.
Desde la Izquierda de verdad, la única capaz de pronunciar la palabra libertad sin que suene a privilegio, hora es ya de cantar las verdades a las generaciones que no han conocido más España que la constitucional. De decirles quién y por qué hizo la Guerra. De explicarles quiénes eran los rebeldes y quiénes los defensores, y de parte de quién estuvo el Rey. De contarles adónde fueron los desaparecidos durante cuatro décadas de oscuras y siniestras represalias. De enseñarles en qué consistió nuestra modélica Transición. De confesarles que la Constitución de 1978 se construyó sobre los cimientos sin derruir de la dictadura, en medio de la confusión, coartada por las coacciones y el miedo provocados por el ruido de sables en los cuarteles y el humo de las pistolas ultraderechistas en las calles.
No se puede pasar página sin antes subsanar los errores. No puede haber un Punto Final sin una edición corregida y revisada de nuestro pasado. Mientras nuestra Historia reciente no se cuente como de verdad ocurrió, mientras la Guerra Civil no sea una asignatura completa y obligatoria en los libros de texto, mientras los genocidas permanezcan impunes por sus crímenes y sus cachorros sigan ocupando sillones en los Consejos que manejan los hilos, la herida seguirá abierta. Hasta entonces, hasta que a los tres de cada cuatro españoles que no tuvimos oportunidad de votar aquella Constitución no se nos pregunte cuál es el modelo de Estado que queremos, nuestra Democracia no será mayor de edad y nuestro modelo de Transición no será más que un lobo disfrazado de cordero.
(1) El texto íntegro del informe está disponible en la página web de la Oficina del Alto Comisariado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs94.htm
Texto de Carlos Delgado (15/04/2010)
